Este documento presenta el resultado de los casos que llegaron entre enero y diciembre del año 2021 al servicio ROHENDU. No representa la totalidad de las situaciones de discriminación y violencia que se viven en Paraguay, sino un pequeño porcentaje que se hace vivible a través de las voces de personas LGBTIQ+.
Se continúa con la tarea de registrar, porque es una forma de evidenciar prácticas sociales discriminatorias. Este año llegaron 210 consultas de 15 ciudades del país, y, aunque no es usual, se recibieron también consultas de otros tres países.
Este registro además sirve como fuente de información para diferentes consultas. Los datos de ROHENDU formaron parte del documento que se realizó en conjunto con otras organizaciones internacionales sobre el tema de: ̈Acceso a la justicia de personas LGBTI en contextos de violencia en la región ̈ presentado en diciembre, durante la audiencia otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Asimismo, los datos de ROHENDU fueron utilizados en una jornada de trabajo entre organizaciones LGBTI y el mundo corporativo, iniciativa propuesta por empresas en Paraguay que han puesto el foco en la diversidad, con el objetivo de comprender situaciones discriminatorias para mejorar el trato laboral en sus compañías y empezar a crear espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual.
Los actos de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género no son contemplados por el Estado paraguayo, la falta de registro favorece a que se siga operando de manera impune, sin datos oficiales es difícil poder comprender la magnitud del problema.
Ante lo mencionado, es clave acentuar que la CIDH ha hecho un llamado a los países miembros de la OEA -sin limitación de tener una legislación o no sobre crímenes de odio o prejuicio- a que ¨investiguen de manera efectiva e imparcial todos los crímenes cometidos contra personas LGBTI, y a que desarrollen directrices o protocolos que incluyan indicios o elementos que puedan asistir a oficiales de la policía, fiscales, y otros investigadores en determinar si el crimen fue cometido con base a prejuicios contra la orientación sexual y/o identidad de género real o percibida de la víctima¨[1].
Hasta ahora, solo las organizaciones LGBTI han entendido la importancia de evidenciar y analizar la incidencia de cómo afecta la violencia, siendo las únicas que han generado reportes y documentado casos.